Antes del Golpe, la casa era la sede regional del Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu) y, tras el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende, la casa fue allanada, expropiada y luego bautizada por la DINA como “Clínica Santa Lucía”, espacio que en realidad albergó un centro médico clandestino para prolongar la vida de personas secuestradas y torturadas.

Luego del retorno a la democracia, en 1992 la casa es entregada por el presidente Patricio Aylwin a la Comisión Chilena de Derechos Humanos que, junto con un museo y un archivo audiovisual, aún tiene su sede en el inmueble. Desde 2010, diferentes personas de la sociedad civil comenzaron a organizarse para recuperar los recuerdos que testigos y sobrevivientes tenían de este lugar, reconstruir su historia y promover una reflexión
pública respecto de los usos represivos de este espacio. En 2016 la casona fue declarada Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales, gracias a la demanda de esta organización.